Acusan a las Universidades de inventar estudiantes para obtener fondos: “Esto es completamente falso', afirmó Tomassini

 Esta mañana, la licenciada en Ciencias Políticas Virginia Tomassini, docente de la Universidad Nacional de Villa María, Instituto de Ciencias Sociales, compartió su análisis sobre la difícil situación que atraviesan las universidades públicas argentinas, en una entrevista que revela la magnitud de los problemas financieros que enfrentan estas instituciones.

Pérdida de poder adquisitivo y desfinanciamiento

Tomassini comenzó recordando la primera marcha, que tuvo lugar el 23 de abril de este año, cuando la comunidad educativa ya denunciaba la pérdida de alrededor del 30% del poder adquisitivo de los salarios, un fenómeno que afecta no solo a los docentes universitarios, sino también a muchos trabajadores en el país. A esto se le suma el desfinanciamiento que ha puesto a las universidades en una situación crítica, hasta el punto de poner en riesgo sus gastos operativos más básicos, como el pago de servicios esenciales, entre ellos la electricidad.

“La realidad es que las universidades han estado al borde de no poder sostener gastos operativos fundamentales”, explicó Tomassini, refiriéndose también a la reducción de subsidios para comedores, becas estudiantiles y la inversión en obras de infraestructura. Todo esto, mientras desde el gobierno se justifican con argumentos falsos sobre la asignación de fondos que en realidad no llegan.

Mentiras y excusas para deslegitimar los reclamos

Uno de los puntos clave que destacó fue la manipulación del discurso oficial para desacreditar las demandas universitarias. Entre las afirmaciones falsas que circulan, mencionó la idea de que las universidades inventan estudiantes para recibir más fondos. "Esto es completamente falso", aclaró, ya que el presupuesto universitario no se asigna por cantidad de estudiantes, sino que se actualiza en función del último presupuesto consolidado y tiene en cuenta varios componentes, como los salarios de docentes y no docentes, y los gastos de funcionamiento.

Además, la docente subrayó que las universidades son entidades sumamente auditadas, tanto a nivel interno como externo. “Son de las más auditadas dentro del sector público”, resaltó, citando a la Agencia de Transparencia y las evaluaciones rigurosas que se realizan mensualmente.

El arancelamiento y el ataque a la educación pública

Un tema recurrente en el discurso gubernamental ha sido el cobro a estudiantes extranjeros por estudiar en Argentina. Si bien es una cuestión que genera debate, Tomassini considera que es una distracción para desviar la atención del verdadero problema: el vaciamiento de las universidades públicas y el camino hacia el arancelamiento absoluto.

“No se puede sostener una universidad bajo estas condiciones”, expresó, advirtiendo que, si se arancelara la educación, los sectores más vulnerables no podrían acceder a ella. La realidad actual, según sus palabras, es que el 48% de los estudiantes de las universidades públicas en 2024 son la primera generación de graduados universitarios en sus familias, lo que demuestra el papel clave de la universidad pública en la movilidad social ascendente.

La postura del gobierno y el veto presidencial

Finalmente, Tomassini abordó la reciente decisión del presidente Javier Milei de vetar la ley de financiamiento universitario, aprobada por ambas cámaras legislativas. Según la licenciada, esta acción es una clara demostración de la visión autoritaria y antidemocrática del actual gobierno, que desconoce los poderes del Estado y los derechos conquistados.

“El veto es una muestra más de la concepción antidemocrática de este gobierno y su desprecio por la educación pública”, concluyó, destacando que el financiamiento universitario representa apenas el 0,14% del PBI, por lo que el conflicto no es una cuestión de números, sino de ideología y poder.

En resumen, la licenciada Tomassini dejó en claro que la universidad pública atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia, y que la lucha por su financiamiento y contra su arancelamiento es, en definitiva, una lucha por el futuro del país y por el derecho a la educación.