"La vacunación obligatoria es una cuestión de salud pública, no una elección personal de los padres", afirmó Benedetti
En el habitual micro de los jueves en Buen Día Ciudad, la Dra. Melina Benedetti se refirió a un fallo judicial que ordenó la vacunación de un bebé recién nacido en la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba. El caso surgió luego de que los padres del menor se negaran a aplicar las dosis obligatorias incluidas en el calendario de vacunación, las cuales deben administrarse dentro de las primeras 12 horas de vida.
El tribunal intervino amparado en la Ley 27.491, que establece la obligatoriedad de las vacunas del calendario nacional. "No es optativo para los padres decidir si vacunan o no a sus hijos en lo que respecta a estas vacunas. Se trata de una cuestión de salud pública y política de interés general", explicó Benedetti, destacando que la ley prioriza la protección colectiva por encima de las opiniones particulares.
La situación fue denunciada por el personal del sanatorio al tomar conocimiento de la negativa de los padres. Tras judicializarse el caso, se dictó una orden para proceder con la vacunación coactiva, lo que implica que, aun en caso de oposición de los padres, las autoridades de salud están habilitadas a aplicar las vacunas.
Benedetti subrayó que la ley también responsabiliza a las instituciones educativas, sanitarias y otros organismos a reportar casos en los que se detecten menores sin las vacunas obligatorias. "Estas notificaciones son fundamentales para garantizar que se cumpla el calendario y proteger así a toda la sociedad", afirmó.
La profesional hizo hincapié en que las vacunas obligatorias, a diferencia de las opcionales como la del dengue o el COVID-19, son esenciales para prevenir enfermedades graves y asegurar la salud de la población. Además, advirtió sobre los riesgos de los movimientos antivacunas, que suelen cuestionar estas prácticas sin considerar las implicancias para la salud pública.
Este caso resalta la importancia del cumplimiento de las normativas de vacunación, no solo como una obligación legal, sino como una herramienta clave para proteger la vida y el bienestar de los menores y de toda la comunidad.