En diálogo con Buen Día Ciudad (FM 103.1), el legislador departamental Carlos “Cali” Carignano se refirió al reciente veto del presidente Javier Milei a la ley que declaraba la emergencia en discapacidad, y expresó su profunda preocupación por el impacto que esta decisión tiene en miles de personas en situación de vulnerabilidad.

Carignano, quien integra la Comisión de Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia de la Legislatura de Córdoba, explicó que la declaración de emergencia buscaba garantizar el funcionamiento de los servicios de atención, transporte y rehabilitación para personas con discapacidad. “Este tema explotó ahora, pero es consecuencia de más de 30 años de mirar para otro lado”, señaló.

Durante la entrevista, el legislador enfatizó que la situación es crítica en todo el país, pero también en el departamento Marcos Juárez. “Tenemos 2.720 personas con Certificado Único de Discapacidad en el departamento, de las cuales 1.150 son de la ciudad de Marcos Juárez. Sin embargo, apenas 358 tienen empleo. El resto, no puede acceder a derechos básicos como el transporte, la rehabilitación o el acompañamiento escolar”.

Carignano sostuvo que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) debe fortalecerse y que parte del financiamiento proviene de la Ley de Cheques, pero eso no alcanza si no hay una política real de inclusión. Además, advirtió sobre las demoras y trabas que enfrentan las familias al momento de gestionar los certificados y acceder a los servicios: “Muchos no lo hacen porque les cuesta aceptar la discapacidad o porque el sistema está lleno de barreras burocráticas que generan desgaste”.

Consultado sobre las denuncias de certificados falsos, el legislador fue tajante: “Si hubo estafas, que la Justicia actúe. Pero eso no puede ser excusa para castigar a quienes realmente necesitan apoyo. No es cierto que haya un exceso de certificados, los números están dentro de lo esperable: a nivel mundial, entre el 8% y el 10% de la población tiene algún tipo de discapacidad”.

Sobre el futuro del tema, Carignano reconoció que el veto presidencial complica el panorama, pero insistió en la urgencia de una respuesta institucional: “Esto no puede esperar. En Córdoba estamos trabajando en equiparar los pagos a prestadores básicos con los valores nacionales, algo que debió hacerse hace años. Hoy estamos un 30% o 40% por debajo, y a nivel nacional, un 50% o 60%”.

Finalmente, destacó el rol de las organizaciones civiles, muchas de ellas impulsadas por familias, que suplen la ausencia del Estado: “La mayoría de las fundaciones que trabajan en discapacidad nacen de la desesperación de los padres, no de una política pública. Eso te dice todo”.

Carignano concluyó afirmando que seguirá impulsando el tema en la Legislatura y en contacto con las organizaciones del departamento. “Cada uno de los 2.720 casos en Marcos Juárez tiene su particularidad, pero todos comparten un mismo problema: no tienen acceso pleno a sus derechos”.