La medida, anticipada por el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros, quedó formalmente vigente este lunes.

El Gobierno de la Provincia de Córdoba oficializó la implementación de un sistema para recuperar los gastos generados por amenazas, hechos de violencia y conductas de riesgo en establecimientos educativos. La medida se formalizó a través de la publicación en el Boletín Oficial del Protocolo de Recupero y Resarcimiento de Gastos, que establece el procedimiento para reclamar los costos a los responsables.

La decisión, que ya había sido anunciada días atrás por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, apunta a garantizar un uso responsable de los recursos públicos ante situaciones que obligan a desplegar operativos policiales, servicios de emergencia y dispositivos logísticos especiales.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que esta normativa busca desalentar falsas amenazas o acciones que generen alarma en el ámbito escolar, muchas veces protagonizadas por menores, pero que implican una movilización significativa del aparato estatal.

Cómo se aplicará el protocolo

El procedimiento se activará con la intervención del Ministerio Público Fiscal, que tendrá a su cargo la identificación de los autores del hecho y de los adultos responsables.

Una vez determinada la autoría, se pondrá en marcha el circuito administrativo que contempla:

• La determinación de los costos operativos de cada intervención.
• La conformación de un expediente con todos los registros del operativo.
• La cuantificación de los gastos generados por el despliegue estatal.
• La intimación al pago en un plazo perentorio de cinco días.

En caso de incumplimiento, se dará intervención a la Fiscalía de Estado, que podrá avanzar con acciones judiciales para el recupero de los montos adeudados.

Qué gastos podrán reclamarse

El protocolo prevé que el Estado provincial pueda reclamar la totalidad de los costos derivados de cada operativo. Esto incluye la participación de personal policial, servicios de emergencia, brigadas especiales y el uso de recursos logísticos, cuya activación implica un impacto directo en el presupuesto público.

Con esta medida, la Provincia da un paso clave en la implementación de una política orientada a generar conciencia sobre la gravedad de este tipo de conductas, estableciendo con claridad que quienes provoquen estos hechos deberán asumir las consecuencias económicas de sus acciones.